Fraude en la Sec dice "el chapo soto"
Para abrir 2015: otro fraude en la SEC
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Arturo Soto Munguia / 2015-01-04
Después del prolongado asueto decembrino, regresamos a la talacha deseando a los lectores y lectoras de esta columna que este 2015 se cumplan sueños y propósitos, se superen retos y la salud y la alegría vayan de la mano con ustedes siempre.
Y regresamos sólo para enterarnos que los que no descansan ni en los días consagrados al recogimiento (familiar y del otro), son los depredadores del presupuesto, cuya disposición al hurto y al pillaje debería ser considerada para algún tipo de premio, reconocimiento o galardón.
Este fin de año nos enteramos de un presunto fraude en la Secretaría de Educación y Cultura (SEC), donde el saqueo presupuestal que significó la llamada Transformación Educativa no cesa.
Y todo, frente a la complacencia de Jorge Luis Ibarra Mendívil, el trotskista de aquellos años idos, de los ‘azules’ (origen es destino) activistas de izquierda que marcaron época en la Universidad de Sonora, de la que llegó a ser rector por dos periodos consecutivos, como lo fue de El Colegio de Sonora.
De aquellos años nada queda. Hoy, Jorge Luis Ibarra navega con banderas desplegadas por la ruta que le marca la virgen cuando le habla. El saqueo del presupuesto en la SEC es escandaloso y ya se ha documentado lo que ocurrió con la Transformación Educativa. Hoy sale otro caso.
Ahora se trata de un irregular procedimiento para la adquisición de equipos de video para la seguridad de 100 planteles correspondientes a la zona escolar número 5, aunque se presume que podría extenderse a todos los planteles de la entidad.
En muchos de ellos, la instalación de cámaras para monitoreo se justifica por el constante registro de actos vandálicos, si bien se comenta, no sin cierta dosis de sorna, que en la totalidad de los planteles los actos vandálicos son perpetrados por funcionarios públicos que operan fuera del ojo de las famosas cámaras.
El más reciente atraco se operó de la siguiente manera: la SEC avisó a los directores de esos cien planteles, que en sus cuentas bancarias personales (de nómina) les serían depositados 19 mil 974 pesos para la adquisición de un kit de video vigilancia DVR con 4 canales, 4 cámaras bullet de visión nocturna, fuente de poder y un disco duro de un Terabite.
No hubo oficio; el aviso les llegó por Whatsapp, junto con las instrucciones acerca de los proveedores a quienes deberían comprar el equipo en cuestión, cuyo precio de mercado es de 7 mil 245 pesos, lo que hace una diferencia de 12 mil 729 pesos, monto que constituye la ganancia para los proveedores, aunque se sospecha que de allí tendrían que reportar su ‘mochada’ para los operadores de tan bonito programa de seguridad.
La transacción bancaria incluyó la transferencia de esos recursos a personas físicas con actividad empresarial, no a empresas.
No hubo licitación de por medio y los equipos se adquirieron con sobreprecio a por lo menos dos de los proveedores que hasta hoy han sido identificados: Marissa Luque Meléndrez y Alfredo Gómez Retes, que se habrían embolsado poco más de un millón 273 mil pesos por el sobreprecio de los equipos.
El asunto se complica porque en esta operación involucraron a los directores de las escuelas, a quienes si bien se les entregaron las facturas correspondientes, cualquier auditoría de compra les exigirá la notificación oficial por escrito para justificar esa adquisición.
Durante una rápida búsqueda en internet, lo primero que sale a la vista cuando se escribe el nombre de Marissa Luque Meléndrez, es un litigio en el que ha sido demandada por una empresa de ingenieros con sede en Ciudad Obregón.
Además, su condición de proveedora del gobierno del estado, como constructora de subestaciones eléctricas para varios planteles escolares en el sur del estado, con valor de al menos 450 mil pesos cada una.
Se trata de los planteles General Lázaro Cárdenas, Rafael Ramírez, General Fructuoso Méndez, Profesor Jesús de Aguirre y Héroe de Nacozari en Ciudad Obregón.
También las primarias Álvaro Obregón y Miguel Alemán, en poblados indígenas de Huatabampo.
Por su parte, Alfredo Gómez Retes aparece como proveedor de la Secretaría de Turismo, donde cobró cifras que pudieran considerarse modestas (unos 76 mil pesos, por tres servicios).
El problema es que el ISAF no encontró (y la Secretaría no entregó) los contratos respectivos por esos servicios, que tienen que ver con revisión de nodos de red, programación, servicio y reparación de extensiones de conmutador; análisis e implementación para agregar al sistema de activo fijo control de vales de gasolina y control de servicios del parque vehicular, y mantenimiento de equipo de cómputo en Nogales, Puerto Peñasco y Álamos.
Y MI PREGUNTA ES Y LA LEY? COMO PUEDEN SEGUIR ÉSTOS DEL NEWSON PAN DEL GOBIERNO DEL CAMBIO ROBANDO Y NADIE PUEDE HACER NADA??
POR LO PRONTO LE EXIJO SR PRESIDENTE ENRIQUE PEÑA NIETO QUE ENVIE A QUIEN CORRESPODNA ÉSTA INFORMACIÓN Y PROCEDA ENERGICAMENTE CONTRA QUIEN RESULTE RESPONSABLE POR ÉSTOS HECHOS.
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